El Proyecto de Ley del Impuesto sobre Estancias Turísticas y Medidas de Impulso del Turismo Sostenible ha comenzado a andar. El Govern ha dado luz verde para la reedición de un gravamen a quienes se alojen en hoteles, residencias, apartamentos turísticos, albergues o simplemente pernocten a bordo de un crucero que haga escala en algún puerto de nuestra Comunidad.
Solo seis meses después de llegar al tortuoso acuerdo que facilitaría la investidura de Armengol, ya se ha visto forzada a renunciar a uno de sus compromisos electorales, ya que el PSIB-PSOE afirmó en su programa que valoraría la posibilidad de aplicar el impuesto “en caso de que no se llegue a un acuerdo netamente favorable para Baleares en materia de Régimen Espacial y Financiación Autonómica”, algo que no se corresponde con la euforia indisimulada con la que la Presidenta volvió de Madrid, cargada con 322 millones en inversiones garantizadas por Cristobal Montoro. Tampoco creo que el programa de MÉS al referirse a la aplicación de una Tasa de Reinversión o a “favorecer la creación de impuestos con criterio de defensa medioambiental” se exprese tan claramente como para que su secretario general y vicepresidente del Govern afirme solemne que el nuevo impuesto "era una demanda social de la mayoría ciudadana que ha hecho posible el cambio en este país". Solo Podemos concretó explícitamente la propuesta de crear una Tasa Ambiental y de Innovación, que tendría “carácter medioambiental, social y finalista”, aunque también concretó que lo recaudado se dividiría en tres partes destinadas a proyectos de empleo medioambiental, a inversión en políticas activas de empleo a través del I+D+i y a un debate participativo ciudadano. Algo que no va a suceder si los recursos jurídicos a los que se enfrentará la nueva Ecotasa no lo impiden.
Es posible que el Impuesto en sí mismo no afecte al volumen global de negocio que se genere en el sector que sostiene el PIB insular, como tampoco el consumidor discrimina al satisfacer el llamado “céntimo sanitario” cuando se reposta carburante, pero es igualmente arbitrario y no responde al principios de progresividad fiscal que se supone prioritario en la política de izquierdas, dado que pagará lo mismo el que más tiene que el que declara menor renta, incluso puede ser al contrario con las bonificaciones propuestas. Lo que sí está claro es que la previsión de ingresos formulada por el Ejecutivo, cincuenta millones este año y ochenta millones desde 2017, dejarán de recibirlos los hoteleros, los restauradores, los comerciantes o el sector complementario, porque no va a suponer un incremento global del gasto turístico, sino una redistribución de los fondos destinados a ese fin.
Lo que también llama la atención es la contradicción de la que hemos sido testigos esta semana, cuando el Govern aprobaba un impuesto de hasta dos euros que abonaremos por cada día de pernocta (los contribuyentes baleares también), mientras se enorgullecía por retirar una tasa, que se liquidaba únicamente al actualizar la tarjeta sanitaria, porque según el director general del IBSalut era indecente que se cobrara “cuando ya se cotiza y se paga el IVA”. Una paradoja menor, en todo caso, que la cantinela de que se mejore la financiación autonómica por ser la Comunidad que más aporta al resto del Estado, mientras “por justicia social” se pretende aumentar la presión fiscal sobre los sujetos pasivos que más contribuyen al fisco.
Será difícil discernir el efecto que ejerza realmente sobre la demanda turística la aplicación del impuesto y la previsible difusión de su nocividad y controversia, que se extenderá interesadamente por los medios de comunicación en algunos lugares de origen, pero más le vale al actual equipo de gobierno autonómico que las cifras relativas de ocupación sean positivas respecto de los últimos ejercicios y que la transparencia en la aplicación de lo recaudado no provoque un nuevo foco de tensión en el electorado y en el seno del Consell de Govern, como sucedió cuando Celestí Alomar y Joan Mesquida dejaron de hablarse por un tiempo, mientras agonizaba el primer Pacte de Progrés.
