No podemos negar que detrás de muchos escándalos de corrupción, que han asolado el sistema democrático, subyace la necesidad de mantener una organización política que no se sostiene sólo con las subvenciones públicas y las cuotas de la militancia.
De hecho, en las últimas décadas se han repetido sucesos que no sólo tienen carácter individual, sino que hunden sus raíces en la creación de procedimientos consolidados para que los partidos oculten la obtención de recursos ilícitos.
Los juicios contra la cúpula de la desaparecida Unión Mallorquina o las operaciones “Púnica” y “Taula” en el Partido Popular reavivan el debate sobre la financiación política, llegando incluso a plantearse la inhabilitación de los responsable políticos, incluso de la organización que no haya actuado diligentemente.
Hace seis años que el Gobierno socialista planteó un importante cambio legal para regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que dejaba fuera a los partidos políticos, entre otros.
Posteriormente, el PP eliminó estas excepciones y más recientemente, incluyó la financiación ilegal como delito. De hecho, las reformas del Código Penal para combatir la corrupción aprobadas la pasada legislatura establecen que los delitos cometidos por un partido político pueden llegar a causar su disolución.
Con todo, la prohibición a los partidos de las donaciones anónimas, de las condonaciones de deuda por entidades de crédito o la concesión o negociación de préstamos en condiciones más ventajosas que las del mercado, la reducción a 50.000€ del límite de donaciones de personas físicas y la comunicación individualizada al Tribunal de Cuentas de todas las donaciones superiores a 25.000€, son exigencias que se han impuesto para procurar la regeneración democrática, pero no han resuelto el problema, sino que lo han agravado.
Fiscalizar la cuenta de resultados de las formaciones democráticas, acuciadas por las deudas, ha permitido que el Tribunal de Cuentas llame la atención sobre la grave situación financiera que tienen Izquierda Unida, Convergencia Democrática de Catalunya o Unió Democrática, aunque considere también en concurso de acreedores varios partidos nacionalistas y algunas federaciones de partidos consolidados en el territorio nacional.
Alrededor de los mismos, en un ambiente menos exigente, discurren las Fundaciones vinculadas directamente a los partidos y que no han escapado de la ruina.
Recientemente, el PSOE debió asumir las deudas contraídas por las Fundaciones Pablo Iglesias e Ideas, cuya disolución les forzó a subsidiar un patrimonio negativo de cuatro millones de euros.
Desde que saliera a la luz la financiación socialista para las elecciones generales y europeas de 1989, mediante la creación de sociedades interpuestas (Filesa, Malesa y Time Export), que cobraban por informes que no hacían, muchos son los casos que han salpicado la opinión pública, regando el sistema de una ponzoña de difícil saneamiento.
Naseiro, Catdem, Gürtel, EREs… son expresiones de la opacidad en la obtención de recursos irregulares, casi siempre en los aledaños de las grandes empresas de obras públicas o de comunicación, pero no las únicas ya que el 3% como acusación en sede parlamentaria no es patrimonio exclusivo de Cataluña.
Aún, hoy en día, se investigan nuevos casos presuntamente delictivos, que van desde el blanqueo de capitales, la financiación por sociedades extranjeras, la constitución de créditos mancomunados o la devolución de cuantías obtenidas por micromecenazgo.
La campañas electorales, el clientelismo político y el aparato de un sistema partitocrático, que debería adelgazar sus estructuras y renunciar a la compra de voluntades, son muy caros de mantener y no basta con lo que pueden declarar, sin recurrir a la falta de transparencia en la que algunos espabilados sacan provecho particular.
No es de extrañar, pués, el bochornoso espectáculo que sus señorías nos dispensaron en la constitución de las Cortes tratando de multiplicar los grupos parlamentarios y obtener las suculentas compensaciones públicas.
Por riguroso y estricto que sea el régimen en el que envolvamos la representatividad política, aunque incrementemos los recursos policiales o la fiscalización externa y agilicemos la administración judicial, la sombra de sospecha seguirá acompañando a quien detente el poder o pudiera llegar a alcanzarlo.
Siempre será mejor alumbrar con luz y taquígrafos todos los movimientos económicos que suscite una determinada formación, con solo los límites de un origen y destino legítimos, donde las aportaciones sean públicas y las adjudicaciones registradas, para que la transparencia nos permita a todos controlar el buen uso del erario público y apoyemos con nuestro sufragio a los partidos en los que convive armónicamente la ideología y la honradez.
Una transparencia sobre el origen de las aportaciones, que deberá acompañarse de un mayor control sobre las posibles contrapartidas que pueda generar el aparente apoyo altruista. Sin la necesidad de contabilidades paralelas, será más fácil vincular los ‘lobbies’ con las decisiones políticas que les beneficien.
Aunque la mayor flexibilidad en las donaciones, nunca anónimas, pudiera favorecer a los grandes partidos y a aquellos que pueden alcanzar el poder, será siempre la correcta utilización del Presupuesto y el Boletín Oficial lo que realmente evitará que la corrupción no tenga también como víctima el sistema de representación política que hemos decidido entre todos.
