Según la información del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, desde que este tipo de operaciones son obligatorias, en enero del año pasado, se han tramitado 7.119.288 facturas, por un importe superior a los 37.550 M€. El objetivo es acabar con "las facturas en los cajones" y garantizar que los proveedores puedan seguir el trámite de lo que se les debe a través de Internet los 365 días al año.
De los siete millones de facturas electrónicas emitidas, una de las medidas estrella del proceso de reforma de las administraciones del Gobierno, alrededor de 2,7 millones han llegado a las comunidades autónomas y otros 3,7 millones a los ayuntamientos adheridos.
La ley de impulso a la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público establece como uno de los pilares del control de la morosidad de las administraciones la obligación de esta práctica.
Sólo quedan excluidas las facturas inferiores a 5.000 euros y las destinadas a servicios en el exterior.
Respecto a los ayuntamientos, el de Madrid está a la cabeza de todos, con 85.633 facturas electrónicas, seguido del de Sevilla, con 34.746; Palma de Mallorca (33.069); Málaga (28.789), y Pamplona (23.515).
Por comunidades, la de Madrid es la que más facturas electrónicas ha tramitado, con 866.086, más del triple que la siguiente,Andalucía, con 243.734.
La que menos ha gestionado ha sido Galicia, con 5.013 facturas
electrónicas.
