viernes. 29.03.2024

Paraisos e infiernos fiscales

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Los datos conocidos en los últimos días en relación a las cuentas “opacas” en Panamá es el reflejo de una determinada realidad, tanto en España como en otros muchos países, en los que las administraciones públicas están aplicando un nivel impositivo asfixiante y que denota una voracidad recaudatoria insostenible.

 

 

La evasión de capitales y el impago de los impuestos es un delito y como tal debe perseguirse, hasta sus últimas consecuencias, por lo que todos aquellos que incumplen la ley deben ser castigados por ello.

 


Dicho lo cual, si existen paraísos fiscales es porque existen infiernos fiscales y en esta cuestión es en donde tenemos que centrarnos, en la fiscalidad que se aplica en España en general, y en Baleares en particular, a los ciudadanos y empresas.

 


Decíamos hace ya un tiempo que se ha instalado en el subconsciente colectivo que los impuestos son imprescindibles para el “buen y normal funcionamiento” del sistema que nos hemos dado, ahora bien, todo en su justo término y medida.

 


Así, las administraciones públicas funcionan como agencia de gasto y de ingreso y éste se convierte en inexorable dado el ingente e irresponsable incremento del primero. Y dado que los impuestos “acaban por no ser suficientes para cubrir el desaforado nivel de gasto de las aapp, éstas se acaban endeudando irresponsablemente en una secuencia inagotable de bucle hasta el infinito, sin atender a las consecuencias que se derivarán de tal actitud.


Ante este sistema de funcionamiento enquistado, perverso e inacabable hay que plantear alternativas, dado que, las administraciones públicas han entrado en una espiral de recaudación cada vez más asfixiante para ciudadanos y empresas y en un nivel de endeudamiento que amenaza la quiebra del propio sistema.

 


En las Illes Balears, además, de los impuestos propios de carácter estatal, ya de por sí elevadísimos, sufrimos un nivel impositivo adicional propio, que nos coloca ya, tanto en esfuerzo fiscal (el de cada individuo) como en presión fiscal, entre los más altos de las CCAA, y, por tanto, de la UE.

 

 

En definitiva, los españoles en general y los ciudadanos de Baleares en particular, acabamos cobrando nóminas mileuristas, entre otras razones, por el elevadísimo nivel impositivo (de los mayores de la UE) al que las administraciones públicas nos tienen sometidos y no porque el empresario no pague suficiente.

 


Según un estudio del Think Tank Civismo, un trabajador con sueldo medio de 24.400€ brutos anuales, como es el caso de Baleares, dedica 182 días de trabajo (6 meses) al año al cumplimiento de sus obligaciones tributarias para sostener el mal llamado “estado del bienestar” y empezar a generar ingresos para su propio disfrute.

 

 

Así, en el pasado año 2015, el día de la liberación fiscal fue 1 de julio, y en este año 2016, dado el incremento impositivo que ha impulsado el III Pacte de Govern de izquierdas en Baleares, tendremos que trabajar, todavía, más días al año para seguir contribuyendo con nuestro esfuerzo y nuestros recursos económicos a un sistema de gestión de lo público inasumible e impagable y que todos los informes presentan como ineficiente y caro. 

 

 

Por tanto, la única forma de reducir este asfixiante e insoportable nivel impositivo al que estamos sometidos los ciudadanos y las empresas es mediante la puesta en marcha de una agenda de reformas estructurales del sistema, que, en materia fiscal, cumpla con dos objetivos. El primer objetivo tiene que ser reducir la carga fiscal sobre ciudadanos y empresas, y en cumplimiento de la curva de Laffer, las administraciones acabarán obteniendo mayores ingresos fiscales. El segundo objetivo es que los recursos se utilicen en lo que es realmente necesario, evitando todo tipo de gasto superfluo e  innecesario.

 

En caso contrario, es decir, si se sigue por la actual senda de híper nivel impositivo e híper asistencialismo público para casi todo, la recaudación fiscal seguirá bajando y, únicamente, pagará impuestos los que tengan la “suerte” de haber podido mantener un empleo por cuenta ajena, es decir, los que tienen una nómina.

 

El resto, es decir, empresarios, emprendedores, inversores, etc. o cerrarán y se irán a trabajar para otros o acabarán por instalarse, legalmente, en latitudes en las que la fiscalidad sea más benévola con los que generan riqueza y puestos de trabajo.

 

La lista es larga y basta con declarar una residencia de 183 días en esos territorios para acabar pagando, por concepto de impuestos, una cantidad muy inferior a la que se paga en España.  

 

Entonces, la pregunta es fácil, ¿por qué se pagan tantísimos impuestos y tan altos en España en general y en Baleares en particular?.

 

Pues porque en este país, erróneamente y fruto de una histórica estrategia política de corte intervencionista, se ha instaurado una visión partidista que defiende que quien mejor puede gestionar el dinero privado no es quien lo gana, que son las personas y las empresas, sino las administraciones públicas dirigidas por políticos que, en la mayoría de los casos, jamás han tenido ni gestionado una empresa o ni tan siquiera han trabajado en el sector privado y, por tanto, tienen una visión sesgada de la realidad.


Así, la izquierda política y social ha denostado a la empresa privada hasta límites insospechables, castigando inmisericordemente, la figura de los empresarios/emprendedores/inversores tergiversando la realidad de su situación y sepultando bajo toneladas de frases hechas y tópicos comunistas el hecho de que generar riqueza, en definitiva, ganar dinero haciendo negocios, oculta un trasfondo negativo.


La última andanada del intervencionismo populista la protagonizó, hace unos días, un Conseller del Govern de las Illes Balears cuando aludía, con esa pretendida superioridad moral de la izquierda política y social en esta tierra, que “los empresarios tenían que pagar más a los empleados”, fin de la cita.

 

Pues bien, hagamos una propuesta a la inversa, que se ajusta mucho mejor al papel de un responsable político; Que la administración pública autonómica en Baleares se administre mejor, reduzca el asfixiante nivel impositivo, practique el equilibrio presupuestario (no se endeude ni un euro) y, en definitiva, y, con carácter general, gaste menos.  

 

Así, sugerimos, desde esta tribuna que se trabaje para reducir la carga fiscal al trabajo. El caso de un trabajador con ingresos netos de 1.000 €/mes, implica que el empresario acabe pagando, aproximadamente, 1.400 €/mes;

 

Proponemos que se elimine la figura de las subvenciones públicas dinerarias (300 millones el presente ejercicio) y se reduzca el número de empleados públicos en la administración autonómica de Baleares que cuenta con más de 35.000 empleados a su servicio, con un coste anual de más de 1.500 millones de euros.

También apostamos por que se reduzca la estructura política y se eliminen duplicidades y servicios públicos superfluos e innecesarios. Creemos en la eliminación de la normativa intervencionista y restrictiva que adultera la competencia empresarial en un mercado libre y más libertad para emprender.

 

Por otro lado es necesario reducir el asistencialismo paternalista para casi todo, orientándose a destinar recursos públicos a cuestiones básicas y esenciales. A la vez se tiene que apostar más por la colaboración público privada en igualdad de condiciones y suprimir de impuestos a las administraciones públicas y reducción del nivel de gravosidad de los que sean  imprescindibles, etc….  


Con carácter empírico, la receta de gravar más y más a ciudadanos y empresas genera reacciones contrarias a las pretendidas y nunca se incrementa el nivel de ingresos fiscales, así, según los últimos estudios rigurosos, el nivel de evasión fiscal en España alcanza el 1% del PIB, y la economía sumergida se mueve en torno al 18 % del PIB.


En definitiva, el objetivo de la puesta en marcha de un nuevo proyecto político para España y para Baleares tiene que orientarse hacia una agenda de reformas estructurales del sistema en el que, en materia fiscal, tiene que primar la reducción del nivel impositivo a las personas y empresas aplicando una carga fiscal razonable y procurar que el dinero público se utilice en lo realmente importante y no acabe financiando, como hasta ahora, innumerables cuestiones perfectamente prescindibles.

Paraisos e infiernos fiscales