El sindicato CSIF ha pedido hoy al Gobierno negociar un nuevo modelo de financiación universitaria que garantice la suficiencia estable de recursos, tras denunciar que las comunidades adeudaban a las universidades públicas 2.294 millones de euros como "derechos reconocidos pendientes de pago" en 2014.
Un estudio del sindicato de funcionarios presentado hoy afirma que los presupuestos de las universidades públicas han descendido en más de 1.384 millones de euros (13,7%) entre 2010 y 2015.
Por comunidades autónomas, destaca la disminución del 36% en Castilla-La Mancha o el 28% en la de Madrid.
El porcentaje de inversión en educación superior en España con respecto al PIB ha caído hasta el 0,81% en 2015, mientras que la media de gasto de los países de nuestro entorno es del 1,27% y el objetivo europeo a medio plazo es el 3%.
CSIF ha asegurado que la política de "austeridad y consolidación fiscal" ha tenido "importantes efectos negativos" en la financiación pública que reciben las universidades.
Además, CSIF ha detectado que, en el periodo 2012-2015, el número de estudiantes de las universidades públicas ha descendido un 7,3%, mientras que se mantiene "estable" en las privadas.
En el caso concreto de los másteres, el número de alumnos de las universidades públicas ha descendido un 2,8%, y se ha "disparado" en las privadas un 52,8%.
A los "recortes" hay que añadir el "importante descenso" que se ha producido en la financiación de la investigación procedente tanto de la Administración Central del Estado como de las comunidades, que en la actualidad se limita al 1,23% del PIB.
Esta pérdida de financiación no ha podido ser mitigada por las políticas de ahorro de las propias universidades, ha resaltado CSIF.
"No se puede exigir a las universidades españolas ocupar puestos destacados en los 'ranking' internacionales si carecen de los recursos necesarios y la financiación suficiente para conseguir estándares de calidad", ha argumentado.
"Un primer paso -propone CSIF- lo tienen que dar las propias universidades buscando una mayor especialización, reestructurando su oferta de titulaciones e incrementando los rendimientos y retornos procedentes de la investigación y la transferencia de conocimiento al sistema productivo".
Para el sindicato, la financiación pública debe ser el "eje central" de las actividades académicas y de investigación, mientras que la privada ha de ser "complementaria" para posibilitar y contribuir a promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español.
Por último, se ha mostrado abierto a un sistema de incentivos que supongan una financiación pública adicional y a buscar nuevos mecanismos para obtener recursos privados de empresas y particulares tales como mecenazgo, patrocinio y donaciones.
