Recluir a los presidentes de Ausbanc y Manos Limpias no solo devuelve el oxígeno a alguna de sus víctimas, sino que la sociedad respira mejor cuando purga otra de las podredumbres que la envilecían.
Si cualquier delito es reprobable, cuando el hábito es un disfraz para ganar la confianza del incauto, la felonía adquiere una gravedad que trasciende al ámbito penal.
Pero si, además, se abusa del estado de derecho para chantajear a las personas a las que previamente has mancillado, la perversión es aún más despreciable.
La repugnancia con la que hemos recibido la confirmación de los verdaderos objetivos de ambas bandas criminales, también se fundamenta en la hipocresía con la que se han presentado durante décadas, como unos falsos justicieros de Sherwood que perseguían a quien abusaba del pueblo soberano.
Una prolongada etapa fraudulenta, que contó con la pasividad de la administración y la complicidad silente de sus perjudicados. Ahora parece que a nadie le ha extrañado que Luis Pineda y Miguel Bernad sean puestos a disposición judicial, pero es inaceptable que esa sospecha sea compartida por quienes tuvieron en su mano la posibilidad de arbitrar medidas para evitar el escándalo.
Las consecuencias procesales que se pueden derivar de las detenciones, de quienes aún mantienen la presunción de inocencia, son menos importantes que el irreparable daño que han causado a muchas personas y a la integridad que trataban de representar.
No en balde, han debilitado la credibilidad de muchas organizaciones que actúan sin ánimo de lucro, pero que camuflan la avaricia y el enriquecimiento ilícito de ciertos avispados.
A lo largo de la historia hemos conocido irregularidades en la gestión de organizaciones tan reputadas como Cruz Roja, Anesvad o Intervida, e incluso hemos desconfiado tradicionalmente con que la mayor parte de los recursos que ponemos a disposición de muchas ONGs no llegan a su destino.
De hecho, según el informe El Tercer Sector Social en España, estas estructuras altruistas dedican sólo un 47% de su gasto, de media, a la actividad que señalan como sus fines fundamentales. Lo que no cabía esperar es que la crisis económica agudizara la crisis de valores y la falta de escrúpulos de algún malnacido convirtiera a los héroes en villanos.
Para vencer el temor a que la sombra de sospecha se extienda más allá, no bastan los códigos de buenas prácticas y de transparencia, siquiera la implantación de las normas de ‘ONG con calidad’ que propone INTRESS o una auditoría certificada como ISO 9001.
Las entidades filantrópicas deben recibir un control exhaustivo de su gestión, cometidos y eficiencia en los resultados, para evitar que una sociedad descreída acabe con la encomiable labor que desempeñan algunas asociaciones y con la que muchos voluntarios tratan de paliar la desidia y limitaciones del sector público.
Más allá del cambio de papeles que el Yin y el Yan han representado en la imputación de la infanta Cristina, donde se puso en cuestión la ecuanimidad de la fiscalía, de la abogacía del Estado, incluso la independencia del poder judicial ante la Casa Real, parece demostrado que algunos nuevos “Robin Hood” no roban al rico para distribuirlo entre los pobres, sino que asaltan a quien pueden para quedarse con el botín.
Una mayúscula decepción, del tamaño de un Rey Mago, que debe servirnos para limitar los instintivos prejuicios, mientras liquidamos todos los vestigios de corrupción y desvergüenza que están esquilmando nuestro estilo de vida.
