El Programa de Estabilidad 2016-2019 establece una nueva meta de déficit del 1,1% del PIB para la Seguridad Social en 2016, de forma que es la administración que recibe el mayor margen respecto a las cifras previas, al sumar ocho décimas al objetivo anterior del 0,3% del PIB.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado que la administración central es la que asume "la mayor exigencia" ya que baja su objetivo del 2,2 al 1,8% del PIB.
Por su parte, las corporaciones locales mantienen el objetivo de cerrar en equilibrio presupuestario, en tanto que las comunidades autónomas suman cuatro décimas de margen al objetivo previo y pasan del 0,3% al 0,7% del PIB.
El objetivo de déficit de la Seguridad Social baja dos décimas en 2017 (0,9%), una décima en 2018 (0,8%) y otra décima más en 2019 (0,7%).
El ministro ha explicado que la consolidación fiscal en la Seguridad Social es más complicada porque existe "la prioridad absoluta" de pagar las pensiones cada mes, con lo que es difícil recortar el déficit mientras no se tomen "medidas relativas a la aportación de nuevos recursos" al sistema.
Conforme a los nuevos objetivos, la administración central reducirá el déficit al 1,5% del PIB en 2017, del 1,1% en 2018 y del 0,9% en 2019.
Para las corporaciones locales se prevé equilibrio presupuestario durante todo el periodo, mientras que para las comunidades autónomas se calcula una reducción al 0,5% en 2017, al 0,3% en 2018 y a cero en 2019.
Con este detalle del proceso de consolidación fiscal, el déficit del conjunto de las administraciones públicas bajará al 3,6% del PIB este año, al 2,9% en 2017, al 2,2% en 2018 y al 1,6% en 2019.
Para lograr el objetivo del 3,6% en 2016, Montoro ha recordado que se hará un ajuste del gasto en los presupuestos generales del Estado de 2.000 millones de euros, a los que se sumarán 2.037 millones de ajuste del gasto por parte de las comunidades autónomas y 729 millones procedentes del ahorro generado por el proceso de reforma de las administraciones públicas (CORA).
De lado de los ingresos, el Gobierno cuenta con una recaudación adicional de 1.000 millones de la lucha contra el fraude fiscal.
Según ha explicado Montoro, en el esfuerzo necesario para reducir el déficit en 2016 está descontado el impacto de la reforma tributaria, por la que se dejarán de ingresar 4.091 millones de euros (2.577 millones del IRPF y 1.514 millones de Sociedades).
