La presidenta del Govern de las Illes Balears, Francina Armengol, ha encabezado hoy la primera reunión entre administraciones autonómicas y locales, representantes sociales y grupos políticos para sumar esfuerzos y formar un frente común con el que conseguir el impulso de un régimen especial de Baleares (REB). Un hecho que Armengol ha calificado de «histórico» porque «juntos se pedirá con una voz común lo que interesa a todos los ciudadanos de las Islas para compensar los efectos que nos causa la insularidad».
Una treintena de organismos han asistido a la reunión, que se ha llevado a cabo en el Consolat de Mar, para acordar una posición conjunta con respecto a la reivindicación de un REB y conocer el mensaje que el Govern trasladará al Estado, en la próxima reunión bilateral que se mantendrá con el Ministerio de Hacienda, para iniciar las negociaciones relativas a esta cuestión.
Los asistentes han constituido el Grupo de Seguimiento del REB, que será el órgano fundamental de consulta e información de todos los procesos relacionados con la preparación, redacción, negociación y aprobación de un nuevo REB.
Armengol ha agradecido a los representantes de las diferentes entidades y organizaciones asistentes su respuesta unánime a esta convocatoria, en representación de la «sociedad y los partidos políticos», porque la «Comunidad Autónoma ha trabajado durante muchos años en la línea que queremos seguir, aunque todavía queda mucho por hacer» a la hora de reclamar medidas de compensación y fiscalidad al Estado.
«Un compromiso público —ha asegurado la presidenta— de que todos trabajaremos en esta línea conjunta, para encontrar una solución definitiva». En este sentido, la presidenta ha querido remarcar que «pase lo que pase tras las elecciones, gane quien gane y se conforme el gobierno que se conforme, a partir del próximo 26 de junio» el nivel de reclamación y de firmeza para conseguir que fructifique el nuevo REB «será el mismo».
La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha detallado que el REB tiene que prever mecanismos que compensen la pérdida de competitividad de las empresas y los costes de insularidad que sufren los ciudadanos, mediante la creación de «medidas directas de compensación, medidas de carácter fiscal, un fondo de financiación, adicional a los recursos que provienen de la financiación autonómica, e inversiones estatutarias».
Cladera ha explicado que el Gobierno encargará a la UIB un análisis de los costes que causa la insularidad. Este trabajo se llevará a cabo como continuación de un estudio previo que se presentó en el año 2014 y se enriquecerá también a partir de las aportaciones que realizarán los miembros del Grupo de Seguimiento del REB, que tiene previsto reunirse de nuevo a lo largo de la primera quincena de junio.
