El Consell de Mallorca se ha puesto 'duro' a la hora de hablar de urbanismo ilegal. Así lo pone de manifiesto los datos ofrecidos por la consellera de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, y el gerente de la Agencia de Disciplina Urbanística, Tomeu Tugores.
Ambos han presentado los los datos de la Memoria 2015 de la Agencia y las cifras del primer semestre de 2016 que constatan el trabajo realizado en pos de eliminar las ilegalidades urbanísticas.
Durante el 2016 se han llevado a cabo 56 paralizaciones de obras inmediatas, cuando sólo hubo 8 en los dos últimos años.
Este hecho, según el Consell, se debe al protocolo de actuación que se puso en marcha en enero, ya que cuando se detecta una obra ilegal se solicita inmediatamente la suspensión voluntaria de las obras; si el propietario no las detiene, se precintan.
Tal vez el dato más llamativo corresponde a los expedientes sancionadores iniciados. Esta cifra se eleva a 109 entre enero y junio. Este dato casi triplica los 43 expedientes de 2015 y cuatriplica los 27 de 2013 y los 28 de 2014.
Por otro lado se han llevado a cabo 244 inspecciones en estos seis meses cuando en todo 2015 se hicieron 265, El Consell ha recordado que en febrero se incorporó un inspector más al ADU, que pasó de 4 a 5 inspectores.
En este sentido, la consejera Mercedes Garrido ha manifestado que "el actual equipo de gobierno del Consejo hemos dado un importante impulso a la Agencia de Disciplina Urbanística y así lo avalan los datos del primer semestre de 2016 superan las de toda la su historia de actividad ".
Por primera vez se han empezado a imponer las multas coercitivas. La ADU ha vuelto a reiterar órdenes de demolición (18 en 2015 y 71 en 2016).
Si el sancionado decide hacer la demolición de forma voluntaria, la sanción disminuye en un 80%. Si no lo hace, una vez pasado el plazo de reiteración, la Agencia comienza a imponerle una multa al mes durante 12 meses. El valor de esta multa es del 10% del coste de la edificación ilegal.
Si pasados estos 12 meses todavía el propietario no ha hecho la demolición la Agencia se encarga de llevarla a cabo y de enviar la factura al propietario. Toda una declaración de intenciones por parte del Consell que ha puesto un stop en toda regla a las construcciones que vulneren la legalidad urbanística.
