La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Balares (Aptur) ha exigido hoy al Govern que regule el alquiler vacacional ilegal que llevan a cabo los propietarios de casi 46.000 viviendas, en su mayoría en edificios plurifamiliares, porque esta actividad genera el 11,4% del PIB.
El presidente de Aptur, Juan Estarellas, ha reclamado que se liberalice con urgencia un negocio que se lleva a cabo al margen de la ley pero que beneficia proporcionalmente a Baleares en mayor medida que el turismo hotelero. "Cien plazas vacacionales pueden dar de comer a 240 personas, cien plazas hoteleras estoy seguro de que no", ha enfatizado.
Estarellas ha defendido que mientras la actividad no se regule los arrendadores no deben pagar la ecotasa, porque este impuesto grava estancias con servicios turísticos, pero ha insistido en que una vez se normalice el alquiler vacacional todos los propietarios deberían abonar la tasa.
"Las viviendas vacacionales son sostenibles para los residentes en las islas, tanto medioambiental, como económica y socialmente. Exigimos una regulación inmediata", ha incidido el dirigente de Aptur, que agrupa a propietarios de 7.000 viviendas.
Estarellas no ha podido cifrar el número de sanciones impuestas por el Govern a viviendas en alquiler vacacional que se promocionan por internet, aunque ha asegurado que un inspector le dijo que en agosto eran cuatro diarias y ha criticado la presión a unos propietarios "indefensos".
Ha insistido en que, en contra de la "demonización" que sufre su actividad por parte de las patronales hoteleras, apoyan en alquiler vacacional las asociaciones de pequeños y medianos empresarios, del comercio, la restauración, el taxi, los alquileres de coches y el ocio.
"La situación se tiene que regular", ha reiterado Estarellas, que ha defendido que el alquiler de viviendas a turistas que no demandan los servicios propios del alojamiento tradicional representa un beneficio para muchas personas que atraviesan por dificultades económicas y genera inversiones que revitalizan pueblos y cascos históricos como el de Palma.
No obstante, ha admitido que existe "especulación" para aprovechar la creciente demanda y que incluso hay fondos de inversión que han entrado en el mercado del alquiler vacacional para aprovechar el "crecimiento exponencial" de la comercialización a través de internet.
También ha reconocido que se pueden dar problemas de convivencia en los complejos plurifamiliares por el comportamiento irrespetuoso de algunos turistas, para lo que ha abogado por que se faculte a las comunidades de vecinos a establecer sus propias reglas.
Ha negado que el alquiler vacacional sea la causa de la saturación turística denunciada este verano y ha reclamado mejoras en infraestructuras viarias y de suministro de agua, así como en el transporte público, para ofrecer mejores servicios a los visitantes.
Estarellas ha presentado un informe de su organización según el cual las viviendas vacacionales suponen (con cifras de 2015) casi el 8% del total de domicilios registrados en el archipiélago y una tercera parte de la oferta turística real corresponde a alojamientos ilegales.
El año pasado se produjeron 21,2 millones de pernoctaciones "fuera del marco normativo autonómico", el 24,5% del total, de acuerdo con los datos de Aptur.
