Hace unos días la red EAPN de entidades que luchan contra la pobreza en nuestra tierra presentó el 6º informe sobre el estado de la pobreza, centrado en el indicador de riesgo de pobreza y exclusión social. El informe señala que entre 2009 y 2015, ámbito temporal del estudio, se ha confirmado una tendencia más que preocupante a condenar a una cuarta parte de la población a la pobreza y la exclusión, el 26,3% en 2015.
Y eso, a pesar de que en los últimos años, no hemos dejado de crecer en Producto Interior Bruto (PIB), en número de turistas que nos visitan y en nivel de beneficios y rentabilidad empresarial. En contraste con la potencia turística que somos frente al mundo, resulta que según el informe citado tenemos la tercera tasa de pobreza extrema más alta del estado, lo que significa que un 10,4% de la población, unas 115.000 personas, viven en Balears con menos de 332 euros mensuales.
Con 332 euros no se puede vivir, sino malvivir y en el mejor de los casos, sobrevivir. Una cifra de escándalo que debería avergonzarnos si la comparamos como recordaba en uno de mis últimos artículos en Economía de Mallorca, con los 600.000 euros que "necesita" alguno de los yates de lujo que nos visitan cada verano para llenar el depósito de combustible.
Una cifra que debería invitarnos a ponernos en la piel de quien se enfrenta a la vida cada día habiendo sido expulsado de un circuito de confort, en el que la publicidad y los modelos de consumo se encargan de hacer todavía más dura esa supervivencia. Porque lamentablemente esta no es la sociedad del "vivir bien con menos", sino del "lo quiero todo y lo quiero ya", que añade aún mayor frustración a quien vive sin lo suficiente para cubrir sus mínimos vitales.
Una de cada cuatro personas no "en situación de pobreza", sino empobrecidas, son demasiadas para poder considerarnos, como colectivo humano, una sociedad digna. La renta social implantada hace solo unos meses por el Govern es una buena herramienta para empezar a corregir esa deriva, pero ir a la raíz del problema implica también trabajar para cambiar un modelo económico que no genera prosperidad compartida, sino concentración de beneficios en pocas manos y precariedad para la mayoría, con mucha gente para la que tener un trabajo ya no es garantía para salir del círculo vicioso de la pobreza.
Es sobre esta cuestión, y sobre la posibilidad de construir una sociedad digna para la mayoría, que deberían girar las prioridades políticas e institucionales, las de la sociedad civil organizada e incluso la responsabilidad social de las empresas. No podemos vivir ni mirando hacia otro lado, ni asumiendo esos contrastes vergonzantes entre la sociedad empobrecida y la sociedad opulenta.
