La Federación de Entidades Locales de Baleares se ha comprometido a reunirse a partir de septiembre con representantes de empresas de alquiler de coches (rent a cars) y del Govern para pedir que pongan fin a la práctica de tributar en otras comunidades donde el impuesto de circulación es más barato.
El presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares, Vicent Marí, considera injusto que los coches circulen en las Islas, gasten los recursos locales y después los ingresos tributarios de estos vehículos se los lleve un municipio de la Península, según ha explicado en un reportaje elaborado por los informativos de IB3 Ràdio, ha informado la cadena autonómica.
Ha advertido de que es una práctica habitual por parte de las grandes compañías pagar el impuesto de circulación en la localidad donde sea más barato aunque sea fuera de donde circulan sus coches, un concepto por el que se estima que Mallorca deja de ingresar cerca de 3 millones de euros.
El ayuntamiento de Palma es uno de los más afectados ya que los "rent a car" más importantes tienen su flota de vehículos en el aeropuerto de Son Sant Joan.
La FELIB se reunirá con los "rent a car" para mostrar su malestar por que no tributen en las Islas, y además reclamará al Govern que inste al Gobierno central a modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para obligar a tributar allí donde se lleva a cabo la actividad económica principal.
Marí ha asegurado que es un problema generalizado en todas las islas y acabar con él supondría mejorar la financiación de los ayuntamientos.
Por su parte, según el presidente de la Asociación Empresarial de Alquiler de Vehículos de Baleares, Ramón Reus, el 80 % de la flota de vehículos de los rent a cars en Mallorca, unos 60.000 coches, pagan el impuesto de circulación fuera de las islas.
Un vehículo medio paga en Palma 68 euros de impuesto de circulación cuando, por ejemplo, en el municipio madrileño Torremocha de Jarama se paga exactamente la mitad.
El delegado en Baleares de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Luis Llorens, explica que esta práctica según la normativa actual es legal. Con una pequeña oficina ubicada en el municipio de interés, ya se puede constituir allí el domicilio social para tributar al mejor precio a pesar de los coches circulen incluso a otra comunidad.
Otras empresas de alquiler optan por buscar los municipios mallorquines con la tributación más baja, de manera que Escorca, con poco más de 400 habitantes, cuenta en lo que llevamos de año con unas 3.000 matriculaciones. El impuesto de circulación cuesta 35 euros, según datos de IB3 Ràdio.
