La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha recibido dos resoluciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, en las cuales se reclama que las Islas Baleares abonen 26.113.865 euros por la desaladora de Santa Eulària del Riu y 20.225.262 euros por la desaladora de Ciutadella de Menorca.
Se incumple así, ha denunciado el consejero Vicenç Vidal, el acuerdo político al cual llegaron ambas administraciones el mayo pasado, en vista al bloqueo de las instalaciones y la grave situación de sequía de Ibiza, por la cual la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca se encargaría de conectar las instalaciones a la red y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente rescataría la concesión de las desaladoras sin ningún coste adicional para la Comunidad Autónoma.
El consejero Vidal ha subrayado que las Islas Baleares "cumplen con este acuerdo, al haber iniciado ya las obras de conexión de la desaladora de Santa Eulària con Roca Lisa y haber iniciado la tramitación del resto de conexiones necesarias" y ha manifestado que "el Gobierno del Estado va en contra de los intereses de los ciudadanos de las Islas Baleares" con esta resolución del secretario de Estado de medio ambiente.
Las instalaciones continúan siendo propiedad del Estado, y así lo refleja el acta firmada el 11 de mayo de 2016 por la directora general de Recursos Hídricos, Joana Garau, y la directora general del Agua del Estado, Liana Ardiles, que manifiesta que el Gobierno de las Islas Baleares recibe el uso y la explotación de las desaladoras, mientras que el Ministerio mantiene la titularidad y se reserva el derecho de repetir acciones contra la Administración autonómica como consecuencia del rescate de las concesiones.
Con este movimiento "se ve el talante político del Gobierno español, que lo primero que hace es incumplir un compromiso político con las Islas Baleares", porque esta reclamación responde a "una voluntad política".
Cronología
Las dos desaladoras están declaradas de interés general en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, pero hasta el 29 de abril de 2005 el Gobierno del Estado y el de las Islas Baleares no firmaron el Convenio para ejecutar las obras. En septiembre de aquel mismo año el Ministerio adjudicó el contrato para la elaboración del proyecto, la obra y la explotación de las desaladoras, la de Santa Eulària con un presupuesto de 14.191.436 euros (más IVA) y la de Ciutadella por 12.475.089 euros (más IVA). En ambos casos se presentaron modificaciones, con un sobrecoste de 8.020.812 euros para la instalación de Ibiza y de 4.531,875 euros para la de Menorca. Las obras acabaron en el 2011. El Estado considera que desde entonces se podían haber puesto en marcha las dos desaladoras pero el Gobierno de las Islas Baleares afirmó que no porque no eran plenamente operativas ya que no estaban conectadas a la red de abastecimiento y, además, el sobrecoste de las modificaciones representaba un aumento de la tarifa que incumplía el Convenio con el Ministerio con el agravante que en Ibiza el mismo Ministerio estaba construyendo el anillo de interconexión que no llega hasta la desaladora de Santa Eulària. En diciembre de 2013 las concesionarias, que mantienen las desaladoras terminadas desde 2011, pidieron la resolución del contrato de concesión al Ministerio, y reclamaron 31.079.658 euros para la desaladora de Ibiza y 32.549.448 euros para la de Menorca. El 29 diciembre de 2015 el Consejo de Ministros autorizó las resoluciones de los contratos y el secretario de Medio Ambiente resolvió que se tenían que abonar 26.113.865 euros por la desaladora de Santa Eulària y 19.185.465 euros por la Ciutadella. El 11 de mayo de 2016, la Comunidad Autónoma recepciona el uso de ambas instalaciones mediante un acta en la cual el Estado entrega la cesión de uso y explotación a la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA) manteniendo su titularidad y reservándose el derecho de repetir acciones contra la administración balear como consecuencia del pago del rescate de esta concesión.
La comunicación que ha llegado del Ministerio a la Consejería tiene fecha de 26 de octubre, cuando el Gobierno español estaba en funciones. El consejero Vidal ha lamentado "las prioridades del Gobierno español" y ha avanzado que se interpondrá un recurso de reposición contra las resoluciones del secretario de Estado de Medio Ambiente y probablemente, un recurso contencioso administrativo delante de la Audiencia Nacional.
