La incertidumbre sobre si se formaba o no Gobierno ha obligado a las comunidades a trabajar casi a ciegas y contra reloj estos meses en la confección de sus presupuestos para 2017 y, pese a los obstáculos, prácticamente todas han ido avanzando en sus cuentas y ahora la mayoría está en trámite parlamentario.
Ese es el caso de los proyectos presupuestarios de comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura o Baleares, mientras que otras como Madrid, Murcia o Castilla y León están a la espera de conocer algunas cifras fundamentales que tiene que facilitar el Gobierno de Mariano Rajoy. Baleares, además, tiene uno de los presupuestos que más crecen este año.
Unos datos sobre la senda del déficit, las entregas a cuenta de la financiación o la liquidación final del ejercicio de 2015 que el Ejecutivo previsiblemente concretará a las comunidades en una próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a la que se prevé que acuda, junto al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, la vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría.
Quizás los presupuestos más polémicos sean los de Cataluña, que el Govern de Junts pel Sí negocia con la CUP y que incluyen una partida para organizar un referéndum soberanista en septiembre de 2017.
En Andalucía, el proyecto presupuestario -que asciende a 33.239 millones, un 6,2% más que este año- superó la semana pasada el debate de totalidad en la Cámara regional, donde se rechazaron las tres enmiendas presentadas por el PP, Podemos e IU.
Su debate final se celebrará los días 21 y 22 de diciembre y las cuentas serán aprobadas, con toda probabilidad, con los votos del PSOE y Ciudadanos.
También ha superado la fase de enmiendas a la totalidad -en este caso de PP y Ciudadanos- el presupuesto de la Generalitat Valenciana, que presumiblemente saldrá adelante con los votos del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos.
Uno de los que más crece es el de Baleares, un 10,1% en comparación con el de este año, hasta los 4.668,2 millones de euros, y su tramitación prosigue sin sobresaltos con el apoyo de los partidos de izquierda liderados por los socialistas.
La Junta de Extremadura entregó el martes a los grupos el borrador del anteproyecto presupuestario, que se eleva a 5.171 millones, un 0,3% más que en 2016.
Será aprobado el día 22 por el Consejo de Gobierno y ese mismo día entrará en la Asamblea para su tramitación.
En el caso de Canarias -con una dotación de 7.300 millones, 69,5 millones más que este año- los presupuestos contienen una relevante novedad fiscal: el IGIC cultural se rebaja del 7 al 3% (el impuesto general indirecto canario es el equivalente al IVA en las islas), lo que ofrece a las producciones que apuesten por el archipiélago un ahorro impositivo de 18 puntos frente a la península.
Navarra tiene sus presupuestos en el Parlamento foral, donde se han presentado dos enmiendas a la totalidad, de UPN y PP, que serán rechazadas la próxima semana por los cuatro grupos que sostienen al Gobierno (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E).
Por su parte, el Gobierno de Cantabria tiene elaborado un primer borrador sobre el presupuesto, pero esta semana los dos partidos que conforman el Ejecutivo han tenido desavenencias sobre si el gasto puede crecer (como dice el PRC) o debe continuar en cifras semejantes a las de este año (como cree una parte del PSOE).
Y aunque el Ejecutivo riojano dice que ya tiene ultimado el anteproyecto de presupuestos, no se conocen las cifras, a falta de saber el techo de gasto.
En general, las comunidades gobernadas por el PP han sido más precavidas y casi ninguna ha querido adelantar sus presupuestos hasta conocer toda la información que tiene que facilitar el Gobierno.
Así, en Castilla y León ven inviable afrontar la elaboración del proyecto de ley sin los datos estatales, lo mismo que en Murcia, donde ya se conoce que 3.246 murcianos (el 0,21 por ciento de la población total) han decidido por internet el destino de 13,2 millones de los llamados "presupuestos participativos".
El Gobierno de la Comunidad de Madrid trabaja en el proyecto de presupuestos para el próximo año, aunque no espera poder tenerlos aprobados hasta mediados o finales de febrero. Para tramitarlos, la Asamblea podría declarar hábil el mes de enero.
Desde el País Vasco, cuyo Gobierno aún sigue en funciones tras las elecciones de septiembre pasado, se ha avanzado en los "trabajos técnicos" del presupuesto.
Mientras tanto, en Galicia, después de que la semana pasada tomara posesión Alberto Núñez Feijóo, del PP, se ha aprobado esta semana un techo de gasto de 9.063 millones de euros, un 2,9% superior al de 2016, paso previo a que la Xunta presente los presupuestos. Confía en que, una vez superados todos los trámites parlamentarios, entren en vigor a mediados de febrero.
En Asturias, para evitar otra prórroga presupuestaria, el Gobierno socialista quiere cerrar antes de diciembre un acuerdo con IU y Podemos, con quienes va a negociar por separado el destino de los más de 4.000 millones que baraja gastar en 2017, cantidad que estará "ligeramente por encima" de la de este año.
Del mismo modo, en Castilla-La Mancha el Gobierno regional del PSOE negocia con Podemos, que quiere que se apruebe una ley integral de garantías, tanto de renta como de vivienda y suministros básicos, mientras que en Aragón, el Ejecutivo socialista se ha comprometido a presentar unos presupuestos tan sociales que nadie podrá oponerse.
