Como no nos bastaba con estar a la cola del estado en cuando a presupuesto per cápita en educación, sanidad, servicios sociales -lo que se venía llamando el «estado del bienestar», o si quieren, servicios públicos básicos- gracias a un sistema de financiación que nos discrimina en relación al resto de habitantes del Estado español, el Ministro en funciones Montoro amenaza ahora con intervenir (aún más) nuestras cuentas y retener parte de lo recaudado aquí por la parte cedida a la comunidad de diferentes impuestos, como el IVA o el IRPF.
España no es capaz de cumplir el objetivo de déficit marcado por Bruselas, però sí es capaz de seguir gastando miles de millones de euros en AVEs absolutamente prescindibles, o en duplicar (como siempre) el gasto militar previsto. La Administración central comandada por Montoro, que acapara más del 80% de la deuda pública española, carga la culpa y la responsabilidad del pago del déficit sobre las comunidades -que gestionan justamente el «estado del bienestar»- y los ayuntamientos -muchos ya con superávit, como el de Alcúdia, con más de 30 millones, pero como tantos otros con la prohibición de gastarlos a pesar de las necesidades existentes-. Montoro siempre lo hace bien, “salvo alguna cosa”.
Las comunidades autónomas no solo no despilfarran, como le gusta espetar al Ministro, sino que siguen siendo las instituciones que dan sentido a la política pública y a los impuestos que pagan los ciudadanos, compensados en forma de servicios concretos y tangibles. Pero mientras a las comunidades se les/nos impone un límite de déficit del 0,3%, la administración central se reserva un margen del 2,6%.
Porque esa es la clave: en Nuevos Ministerios hay un “margen” para hacer frente al déficit y la deuda; aquí en cambio se nos impone un “límite”, y si lo incumples, Montoro, cual sheriff de Nottingham, se queda con nuestro dinero para gastarlo en infraestructuras inútiles e inamortizables, o para dárselo a comunidades con mejores servicios o incluso más ricas, porque con los más de 2.500 millones anuales de balanza fiscal negativa entre Balears y el estado, no les basta.
Nunca les basta. Se supone que nuestro incumplimiento es de unos 400 millones de euros, pero sólo con lo que el Estado retiene a Balears a cuenta del Fondo de Suficiencia, con total arbitrariedad y sin ningún tipo de fundamento o justificación, 600 millones de euros, nuevamente la balanza es positiva para Balears. O lo sería si hubiera justicia, porque no hay sistema de financiación solidario sin justicia para las partes.
Ya lo dijo la abogada del estado en el juicio del caso Nóos, hace unas semanas: lo de “Hacienda somos todos” era solo un eslogan… Y queda claro que eso vale tanto para las clases populares, como para nuestra comunidad. Al paso que vamos, en la declaración de la renta habrá que pedir, como las ONGDs o la iglesia, que pongan una 'X' para Balears.
A ver si así nos va mejor que por la vía de la financiación ordinaria, incapaz de garantizar la equidad en un país en el que mientras unos pocos «patriotas» aprovechan Panamá -con la connivencia de Montoro, promotor de amnistías fiscales- para evadir impuestos, blanquear dinero o cosas peores, unos muchos siguen alimentando las colas por una bolsa de comida en las instituciones de beneficencia. Por el momento, aquí tenemos un gobierno que no se cree Robin Hood, pero que tampoco está dispuesto a agachar la cabeza frente al Sheriff de Nottingham y sus fechorías.
