La nueva normalidad en la que vivimos, seguramente por un larga temporada, ha implicado toda una nueva serie de hábitos, protocolos, pautas y demás actividades que en 2019 eran difíciles de imaginar.
Una de esas novedades es la de realizarse una prueba PCR para detectar si podemos estar o no contagiados con COVID-19. En numerosas ocasiones no hay duda que la realización de esa prueba es necesaria y pocas cuestiones se plantean sobre ello. Pero en otros casos puede estar no tan claro y entrar en juego elementos jurídicos como la protección de datos de carácter personal, especialmente al lidiar con datos sensibles como los relativos a la salud.
Dicho esto, veamos tres casos donde habitualmente se plantean este tipo de dudas:
- ¿La empresa puede obligarme a hacer una PCR? En caso de supuesto sospechoso, o en contacto con el mismo, en principio sí, según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Esta norma indica que el empresario tiene un deber de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales. Por tanto, tiene una obligación de garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores a su servicio en los aspectos relacionados con el trabajo, por ejemplo si hubiera alguien con síntomas en el trabajo.
Además, la ley también dice que cada trabajador debe velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, de acuerdo a las instrucciones del empresario.
En todo caso, hay quien entiende que si no existe un acuerdo expreso entre los sindicatos y la dirección, podría no haber obligatoriedad.
- Si he estado en contacto con un positivo, ¿pueden obligarme a hacer una PCR? En principio sí, de acuerdo al Real Decreto-ley 21/2020 de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, concretamente su artículo 24. Según el mismo, las autoridades sanitarias pueden realizar a todo sospechoso de COVID-19 una prueba PCR.
De todos modos, se plantean más dudas en supuestos en los que se realicen tests masivos por sistema, sin existir sospecha aparente de contacto con un positivo.
- ¿El colegio puede obligar a mi hijo a hacerse una PCR? Solo si se ha informado previamente a los padres de ello y estos lo han consentido, ya que las cuestiones médicas forman parte de la patria potestad. En todo caso, sí es cierto que negarse a la realización de la prueba PCR, especialmente cuando hay sospechas razonables, podría implicar una multa económica de acuerdo a la Ley 33/2011 General de Salud Pública.
Sea como sea, la realización de estas pruebas debe ser proporcional a la finalidad pretendida, ya que entrañan una fiabilidad que no puede lograrse con otros medios. Además, la realización de dichos test obedece al llamado principio de minimización, según el cuál se recopila la información personal estrictamente necesaria. Por tanto, la prueba debe limitarse exclusivamente a constatar si la persona en cuestión se encuentra contagiada o no de COVID-19, sin indagar en otras enfermedades o patologías.
Todo ello sin olvidar que en estos casos debe cumplirse siempre con el deber de información, indicando quién es el responsable de los datos, con qué finalidades serán usados, de qué derechos dispone el interesado y dónde puede ejercerlos.
Por tanto, vemos que en general existe cobertura legal para determinar la obligatoriedad o no de una prueba PCR, pero que en cualquier caso deben cumplirse unos mínimos a nivel informativo, sobre la proporcionalidad de la medida y el posible ejercicio de derechos de la persona afectada.
Salut i força!
