Unas 400 personas, entre empresarios y trabajadores del sector náutico de Baleares se manifestaron este viernes, para reclamar mayor espacio para realizar su actividad y pedir a la administración que deje de aplicar el llamado “tasazo”, un impuesto que consideran pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas.
La concentración de protesta fue convocada por la Asociación de Desarrollo Náutico para Empresas y Autónomos (ADNEA), cuyo presidente, Àlex Casares ha alertado de que “de no hacer nada seguirá pasando lo que ya está pasando, las embarcaciones ser irán a otros destinos de la península y del mediterráneo con lo que esto conlleva de pérdida de cuota de mercado, cierre de empresas y despido de trabajadores”.
ADNEA admite que la ley no permite conceder más de tres años seguidos una Autorización de Ocupación Temporal, pero ha apuntado que mientras no se llegue a un acuerdo hay que encontrar una solución para encontrar un espacio de entre 25 y 35 mil metros cuadrados para poder atender a 10 grandes yates que al fin y al cabo darían mucho trabajo a las empresas.
“Había la previsión de poder atender a 30 barcos y finalmente han marchado dando la posibilidad a otras regiones de aprovechar este inmovilismo de Baleares y quedarse con esta parte tan importante de cuota de mercado”, ha explicado Casares en un comunicado.
La sectorial de PIMEM ha asegurado también que “no sólo marchan los clientes, sino que las empresas marcharán detrás de estos clientes con lo que puede acarrear de pérdida en formación especializada, innovación, internacionalización y trabajo para todo el año”.
Según PIMEM-ADNEA, la tasa que se aplica es un problema que viene de lejos y que en su aplicación no ha sido lo trasparente que debería haber sido.
“Es cierto que la APB ha estado dispuesta a rebajar al máximo esta tasa, pero seguimos pidiendo que sea un intermediario más incisivo para conseguir dicha rebaja”, ha apuntado Casares.
De acuerdo a este sector, el gran problema es que se está aplicando un 1’5% sobre la facturación y no del beneficio y eso implica al final pagar un 10% sobre el beneficio de las empresas, lo que considera “inasumible para las pymes y autónomos del sector”.
Por su parte el presidente de PIMEM, Jordi Mora, ha criticado duramente la parálisis de la administración asegurando que “hablamos de pérdidas de cerca de 80 millones de euros con lo que supone para nuestras pymes”.
