La Federación Española de Viviendas Turísticas (FEVITUR) registró el 15 de novembre, a instancias de Aptur, una ampliación de la denuncia contra la Ley turística de Balears por atentar contra la libre competencia y el libre mercado.
“Se está haciendo un coto privado de caza para que los pocos que accedan a una licencia de alquiler vacacional se perpetuen sin que se dé acceso en un futuro a nuevas generaciones”, ha asegurado Juan Carlos Moll, responsable de la comisión jurídica de Aptur, sobre uno de los principales inconvenientes de la Ley aprobada este verano por el Govern Balear. “Mientras los hoteles tienen una bolsa de plazas turísticas que van substituyendo, el alquiler vacacional perderá cada plaza que se dé de baja".
La asociación de referencia de alquiler turístico en Baleares ha instado a Fevitur, federación de la que forma parte, a ampliar la denuncia presentada en septiembre de 2016 frente a la Comisión Europea que se hizo para poner en conocimiento de la Unión Europea las diferentes leyes autonómicas contrarias a derecho.
El pasado 15 de noviembre, tras la aprobación de la modificación de la Ley Turística, se amplió también la denuncia por considerar la ley contraria a la libertad de mercado y la libertad de competencia. “La ley de Baleares limita el ejercicio del alquiler turístico o directamente lo excluye imponiendo requisitos de imposible cumplimiento que la legislación europea no permite”, añade Moll.
Según el presidente de Aptur, Joan Miralles, “teníamos la esperanza puesta en que el Gobierno central apelara al Tribunal Constitucional porque se trasgrede la Ley de Propiedad Horizontal o la Ley de Arrendamientos Urbanos pero el 31 de octubre se terminó el plazo y no lo hicieron”.
Desde Aptur “no tenemos legitimación para presentar un recurso de inconstitucionalidad”, añade Moll, sin embargo “esperamos poder recurrirlo a través de denuncias de particulares”, explica una segunda vía de actuación contra la ley Balear. “Porque al fin y la cabo siempre ganan los mismos y esta ley se ha hecho para contentar a los hoteleros”.
Se prevé que Europa se pronuncie en un plazo máximo de unos dos años, “esperamos que desde Europa se lancen recomendaciones tanto al Estado como a las autonomías y que lleguen a legislar, a través de directivas, para unificar las reglas del juego”, añade Moll.
