Los servicios técnicos del Ajuntament de Llucmajor abren la posibilidad de que la equiparación de los sueldos de los empleados del servicio de RSU al actual convenio colectivo que anunció el equipo de gobierno, pueda realizarse siempre que el Pleno resuelva que el mencionado servicio de recogida de RSU del municipio es un servicio esencial, cuya continuidad debe quedar garantizada y cuyo fin último es el interés general que se concreta en la protección de la salubridad pública.
Cabe recordar que el personal adscrito a la ejecución del contrato de gestión del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del término municipal de Llucmajor convocó una huelga que debía iniciarse el pasado 7 de marzo con la pretensión de percibir los emolumentos fijados en la tabla salarial del nuevo convenio colectivo, ya que se consideraban en desigualdad con otros trabajadores del sector que si percibían dichos salarios.
El Ajuntament de Llucmajor se compromete a pagar de manera mensual el importe de esta diferencia salarial a través de las facturas del servicio de RSU, pudiendo de esta manera conseguir que los empleados de la empresa contratada se equipararan en condiciones con el sector. El Ajuntament estableció como condición que esta cantidad económica fuera íntegramente para los empleados de la recogida del municipio y que se acreditara mediante la presentación de los correspondientes TC2 por parte de la concesionaria.
Por su parte, desde Alcaldía, se solicitó a los Servicios Técnicos del Ajuntament de Llucmajor un informe previo al pago de las facturas con la actualización de salarios al actual Convenio a instancias del área de Entorno y Mantenimiento Urbano. Previamente a esta petición, en el pleno del Ajuntament de Llucmajor se había solicitado este informe por parte de los grupos de la oposición, para, de este modo, acreditar legalmente esta actuación de actualización de salarios de los empleados a la legalidad vigente.
Los servicios técnicos del Ajuntament de Llucmajor consideran que se podría plantear la aplicación de la doctrina de 'riesgo imprevisible', teniendo en cuenta el reciente informe 6/2024 de 14 de marzo de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía para restablecer el equilibrio económico del contrato.
