La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido que la diversidad de España afecta también a la política de vivienda y que hay territorios, como las grandes ciudades y las zonas turísticas, donde hay que prohibir los pisos turísticos, mientras que en otros más despoblados basta con regularlos.
"Si la apuesta tiene que ser la prohibición, como ha hecho el alcalde de Barcelona, porque no damos para más y con eso estaremos sacando 10.000 viviendas más para familias, jóvenes y trabajadores que la necesitan, perfecto, y si basta con su regulación, perfecto", ha afirmado este lunes en una entrevista en Antena 3.
Rodríguez ha puesto Castilla-La Mancha como ejemplo de comunidad donde este tipo de alojamientos tienen "ventajas desde el punto de vista de la fijación de población y del crecimiento económico".
En la ciudad de Madrid, en cambio, se ha mostrado partidaria de que las 10.000 viviendas de alquiler vacacional ilegal que el ayuntamiento calcula que hay (el 98 %) se recuperen para el alquiler tradicional, ya que junto con las 10.000 que se van a construir en la Operación Campamento sumarían una oferta nueva de 20.000 viviendas, ha dicho.
Tras apuntar que su departamento está trabajando con los grupos parlamentarios para sacar adelante una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que "va más allá" de la capacidad de las comunidades propietarios para autorizar o vetar las viviendas turísticas, la titular de Vivienda y Agenda Urbana ha subrayado también la necesidad de reformar la ley suelo para desarrollar el parque público.
A este respecto, se ha mostrado confiada en "conseguir el consenso necesario", ya que, a su juicio, esta reforma, que el Gobierno retiró por no contar con el apoyo suficiente en el Congreso, fue "boicoteada por el PP" porque ella cometió el "error" de presentarla a debate parlamentario en plena campaña de las pasadas elecciones catalanas.
