El Consell de Ibiza y los ayuntamientos de la isla se han reunido este jueves para coordinar, un año más, el servicio de detectives privados para combatir las fiestas ilegales en la mayor de las Pitiusas.
El conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha mantenido un encuentro con los responsables de las policías locales de los cinco ayuntamientos para abordar el funcionamiento del servicio contratado a la agencia Intelligencia Pro Justitia por un importe de 51.836 euros más IVA, ha informado la administración insular en un comunicado.
El servicio se puso en marcha durante la pandemia de la Covid19, cuando proliferaron las fiestas ilegales en villas privadas que infringían las limitaciones impuestas de carácter sanitario, y una vez finalizada la pandemia, el servicio se ha mantenido, a petición de los propios ayuntamientos, como "medida disuasiva" y como "refuerzo" para detectar las fiestas ilegales, ha explicado Juan.
El trabajo de estos detectives es localizar, identificar y paralizar de forma preventiva la celebración de este tipo de fiestas, de la mano de las policías locales.
De hecho, sus infiltraciones y sus informes fueron determinantes para desarticular una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas, en una "gran intervención policial" coordinada por la Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales, han recordado desde el Consell.
Las multas van desde los 100.000 hasta los 300.000 euros y alcanzan a organizadores, comercializadores, colaboradores, Djs y resto de participantes.
La mayoría de las fiestas ilegales donde se han infiltrado los detectives se han celebrado en villas alejadas de la población, a las que se accede a través de contactos, amigos, grupos de Whatsapp o páginas web.
El precio de las entradas varía según el tipo de fiesta y puede ir de los 20 a los 150 euros, con consumición o sin. Para no ser detectados piden el pago en efectivo o con tarjeta, no con Bizum y, además, muchos promotores colaboran entre ellos.
