El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha propuesto y notificado 17 sanciones por valor de 80.000 euros cada una en dos edificios de Palma dedicados al alquiler turístico ilegal. En total, el importe de las sanciones propuestas asciende a 1,36 millones de euros, al dedicarse a esta actividad sin disponer de licencia alguna para ello.
En concreto, el área de sanciones del departamento de Turismo ha iniciado estos expedientes sancionadores por infracción turística a 17 pisos que se comercializaban en Palma, en dos edificios diferentes. En concreto, 10 de estas actuaciones se corresponden con un inmueble y el resto, las otras 7, con el otro.
El conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez Díaz, ha mostrado su satisfacción por la actuación desarrollada por el servicio de inspección y de sanciones del departamento y ha recalcado que “la oferta ilegal, independientemente del sector en el que actúe, supone no solo una competencia desleal muy dañina para todos aquellos que hacen bien las cosas en nuestra isla, que son la inmensa mayoría, sino un problema terrible para la convivencia, algo contra lo que queremos luchar y erradicar”.
En este sentido, Rodríguez ha añadido que estas sanciones son fruto de un largo trabajo en el seno del departamento, que ha “cumplido escrupulosamente con todos los procesos administrativos”, y que ha permitido “tal y como marcan los plazos legales”, actuar de esta manera.
Cabe recordar que las sanciones que se proponen actualmente a quien realiza alquiler turístico ilegal en la isla son de 80.000 euros por cada inmueble detectado. La horquilla de multas por esta cuestión que marca la ley varía desde los 40.001 euros en su franja más baja, hasta los 400.000 euros en la máxima, y hasta ahora se estaban imponiendo por valor de 40.001 euros.
De esta forma, las propuestas de sanción que se impongan a partir de ahora a quien realice esta actividad de manera ilícita serán por valor de 80.000 euros por vivienda, con el objetivo de disuadir a estas personas para que cesen en su actividad, y de proteger a los residentes y garantizar la seguridad jurídica de toda la oferta legal en el sector turístico.
