El 8 de agosto de 2017, se aprobó el Decreto Ley 6/2017 de la reforma de la ley previa sobre las estancias turísticas en viviendas. Esta medida supuso la inmediata aplicación de la ley y daba un plazo de 15 días para que las plataformas digitales y los propietarios de viviendas se ajustasen a las nuevas medidas. Las sanciones, desde ese momento, ascenderon hasta los 400.000 euros para las plataformas que no retirasen los anuncios de pisos sin licencia turística, que pasaban a ser consideradas ilegales.
¿Qué cambios supone la ley de la Reforma?
Esta reforma de la Ley de Turismo de 2012 tiene como objetivo luchar contra el alojamiento ilegal, con la prohibición expresa de utilizar segundas viviendas como alquileres vacacionales, la limitación del período de alquiler a 60 días al año y una moratoria de 12 meses.
Hasta la llegada de esta reforma, en las Islas Baleares, el alquiler vacacional se limitaba a las viviendas unifamiliares, con lo que se dejaba fuera de la regulación turística a todos los apartamentos, pisos…, los cuales recurrían a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU, 1994) cuando necesitaban acceder al alquiler de corta temporada.
Este tipo de alquileres han pasado a ser ilegales y la normativa permite a las autoridades locales a actuar contra ellas. Aquellas viviendas que quieran acogerse a la ley para poder seguir alquilando sus propiedades con fines turísticos sin sufrir el riego de altas multas, harían bien en contar con ayuda especializada. En Monlex abogados son especialistas en derecho turistico, que conocen las mejores estrategias y métodos para conseguir las pertinentes licencias.
Hay que saber, en cualquier caso que, las autoridades municipales contarán con total libertad para establecer la zonificación durante la moratoria, siendo responsabilidad de los ayuntamientos elaborar la planificación turística oportuna para fijar las zonas seleccionadas de viviendas vacacionales en las islas.
La obligación de registro de la vivienda para la obtener licencias que permitan los alquileres vacaciones se mantiene. Monlex, entre los cuatro despachos líderes en España en derecho del turismo son los más capacitados para agilizar los trámites para estas concesiones.
Licencias
Entre otras novedades, la reforma de ley turística establece un control de calidad y unos requisitos mínimos para conceder las licencias, con la clara intención de proteger al consumidor frente a posibles fraudes.
La regulación, en relación a las licencias, no solo prohíbe alquilar pisos y apartamentos que carezcan de ella, sino también publicitarlos a través de portales especializados. En este sentido, las sanciones económicas ascenderían a 40.000€ para todos los propietarios que alquilen incumpliendo la normativa. En cuanto a las plataformas que anuncien propiedades ilegales, el castigo podría llegar hasta los 400.000 euros de multa si incumplen la obligación de mostrar el número de licencia, que debe estar bien visible.
Objetivos de la Reforma de la Ley turística
El principal objetivo de la reforma es poner orden en el sector turístico, debido al problema que ha surgido de masificación de las islas en años anteriores. Así mismo, se busca garantizar alojamientos apropiados a los turistas, por los que se someterá, a este tipo de propiedades, a un estricto control para que cumplan los requisitos mínimos exigibles. Esta medida ayudará a que los visitantes se lleven una mejor sensación de su estancia y piensen en repetir, volviendo a este destino vacacional tan atractivo.
El ayuntamiento de cada isla ha pasado a ser el responsable de establecer las áreas donde se permite practicar el alquiler vacacional. El arrendamiento de pisos en los edificios residenciales estará permitido, pero bajo en control de cumplimiento de unos parámetros estrictos. Deben contar con el visto bueno de la consejería y el aval de la comunidad de vecinos, tener un contador independiente de agua, cumplir las exigencias en cuanto a la eficiencia energética y tener, al menos, cinco años de antigüedad.
Los propietarios
Las quejas de los propietarios ante el Defensor del Pueblo, desde que se aprobase esta reforma, han sido numerosas al ver limitados sus derechos en cuanto a sus propiedades.
El Defensor del Pueblo, por su parte, mantiene una posición de mediador, pues entiende a ambas partes. Por este motivo, insta a las administraciones a buscar un equilibrio estable entre las necesidades de regular el sector turístico y la libertad de los dueños de las viviendas de alquilar sus pisos o apartamentos.
La institución afirma que, con la entrada en vigor de esta regulación, se vulneran los legítimos intereses de los propietarios de sacar rentabilidad económica a sus propiedades, pero también acepta la necesidad de salvaguardar otros derechos e intereses dignos de protección, como la ordenación urbanística, medioambiental o el derecho a la intimidad personal y familiar de los demás residentes o vecinos de estos inmuebles.
