El Ayuntamiento de Ibiza ha trasladado hoy al Govern balear su negativa a la regulación de los pisos turísticos en el municipio, en una reunión mantenida entre el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, el vicepresidente del Govern balear, Biel Barceló, y diferentes concejales del equipo de gobierno.
En declaraciones a los medios, el alcalde Rafa Ruiz ha explicado que en la reunión se ha trasladado a Barceló que en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado de forma inicial, ya queda plasmada la voluntad de que no haya usos residenciales y turísticos en un mismo edificio.
El alcalde también ha explicado que se le ha comunicado las dificultades del acceso a la vivienda que padece el municipio.
"Por la realidad de nuestra ciudad, no estamos por la labor de que haya una puerta abierta a este tipo de negocio. No sólo por la dificultad añadida que supone al problema del acceso a la vivienda sino también por la convivencia", ha asegurado el alcalde Rafa Ruiz.
El primer edil ha destacado que Vila "es un municipio pequeño, con una de las densidades poblacionales más altas de Baleares, y con la situación de acceso a la vivienda más grave, no sólo de Baleares, sino del Estado".
Por su parte, el vicepresidente del Govern balear, Biel Barceló, ha destacado que, en estos momentos, la regulación del alquiler vacacional está en una fase previa de recopilación de información y que el objetivo es "hacer una regulación del alquiler turístico que respete las competencias de ordenación territorial y de ordenación urbanística de los ayuntamientos".
En este sentido, ha detallado que la normativa establecerá un marco general de condiciones, requisitos y garantías, y que las instituciones con competencias de ordenación territorial, como los consells insulares, y con competencias urbanísticas, como son los ayuntamientos, dirán dónde se ubicarán los pisos turísticos.
En este sentido, el vicepresidente ha avanzado que en las próximas semanas se elaborará un documento técnico que servirá para debatir el proyecto de ley que espera empezar a tramitar en febrero, con el inicio de las sesiones parlamentarias, para que esté aprobada antes del comienzo de la próxima temporada turística.
