El Gobierno de las Islas Baleares aprobó la creación del impuesto sobre turismo sostenible, que desde el 1 de julio de 2016 grava las estancias en alojamientos turísticos de las Islas Baleares. A pesar de que la repercusión real de este impuesto no se ha podido evaluar, un equipo de investigadores de la Universidad de las Islas Baleares ha llevado a cabo una estimación de cuál podría el impacto que el impuesto tendría sobre las estancias turísticas.
El trabajo de los doctores Jaume Rosselló y Andreu Sansó, del Departamento de Economía Aplicada, que se presentó en el marco de las «Jornadas de debates para iniciar una reflexión estratégica en el marco de la investigación e innovación para la sostenibilidad», concluye que la aplicación del impuesto podría hacer que el número total de estancias turísticas se redujera entre el 0,4 y el 0,8 por ciento.
El estudio toma el número de estancias turísticas como referencia de la demanda turística, esto es el número de turistas multiplicado por la estancia media, de modo que el efecto estimado de la aplicación del impuesto se calcula sobre esta dato global, sin que los investigadores hagan explícito si la reducción de la demanda vendrá por una reducción del número de turistas o por una reducción en la estancia media.
El trabajo se ha hecho sobre las estadísticas de estancias turísticas del año 2014, dado que en 2015 hubo una cambio metodológico en la encuesta, y tiene en consideración aspectos como que el 81,8 por ciento de los turistas se alojaron en establecimientos de mercado, de modo que el 18,2 por ciento restante lo hizo en alojamientos que no están sometidos al pago del impuesto. Además, también se considera que la aplicación del impuesto no es homogénea, porque hay cuotas diferentes para los distintos tipos de establecimiento turístico y porque también se establecen varias excepciones. Aun así, los investigadores asumen que el 90 por ciento de las estancias realizadas en establecimientos de mercado será objeto del pago del impuesto, y que la cuota media será de 1,25 euros en temporada alta (de mayo a octubre) y de 0,62 euros en temporada baja (de noviembre a abril).
Así, a partir del número de estancias turísticas totales (111,3 millones), se consideran únicamente las efectuadas en establecimientos de mercado (91 millones) y, entre ellas, se lleva a cabo el supuesto de que el 90 por ciento no estarán exentas pagar el impuesto (81,9 millones). A partir de esta cifra, se tiene en cuenta que el 85,7 por ciento de las estancias (70,2 millones) se llevan a cabo entre los meses de mayo y octubre (período no bonificado y, por tanto, con una cuota media de 1,25 euros), mientras que un 14,3 por ciento (11,7 millones) se llevan a cabo entre los meses de noviembre y abril (periodo bonificado, con una cuota de 0,62 euros). Si se toma como referencia un gasto medio por turista y día de 108 euros, ambas cuotas correspondientes a los períodos bonificado y no bonificado representan un incremento de precios del 1,25 por ciento y del 0,6 por ciento respectivamente.
Los investigadores estiman que este incremento de precios se traduciría en una pérdida de estancias anuales entre las 405.593 y las 811.187, lo que supone un descenso entre el 0,5 y el 1 por ciento de las estancias en establecimientos de mercado y un descenso entre el 0,4 y el 0,8 por ciento del número de estancias turísticas totales.
