El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma ha declarado nulo el decreto del 1 de abril de 2019 que estableció una restricción horaria específica para bares y restaurantes de la zona de Sa Llotja de Palma, que implicaba el cierre de los establecimientos a las 23.00 horas.
En una sentencia, el juzgado ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías, Restauración CAEB, lo que determina la nulidad de la decisión del Ayuntamiento de Palma, ha informado la patronal en un comunicado.
Según la patronal de restauración, la decisión supondrá "importantes indemnizaciones a favor de los establecimientos afectados, que durante años han visto mermados sus ingresos debido al cierre a las 23.00 horas, al no poder ofrecer el servicio de cenas".
El letrado de Monlex Abogados Miquel Planas, que ha defendido los intereses de Restauración CAEB, ha asegurado que "el Ayuntamiento de Palma no actuó de manera legal, imponiendo una restricción horaria a golpe de decreto, con nula transparencia y sin atender el procedimiento administrativo válido para ello".
"Esta sentencia va a suponer importantes indemnizaciones a los restauradores, que deberá abonar el Ayuntamiento de Palma en concepto de los ingresos dejados de percibir por su actuación contraria a derecho", ha advertido Planas.
Según el letrado, no es la primera sentencia desfavorable al Ayuntamiento de Palma contra el sector de la restauración, "puesto que ya hubo un primer pronunciamiento judicial que declaró la ilegalidad de que se revocaran automáticamente las autorizaciones vigentes que permitían horarios más amplios".
Restauración CAEB ha recordado que intentó evitar la interposición de la demanda contra la administración local, abogando "por una interlocución amistosa con el Ayuntamiento".
Ante "la negativa rotunda a cualquier modificación por parte del Ayuntamiento de retirar la restricción horaria impuesta en la zona mediante decreto, Restauración CAEB no tuvo otra alternativa que acudir a los Tribunales para hacer valer sus derechos, interponiendo las dos acciones judiciales, que han sido estimadas en su integridad por el Juzgado", concluye la patronal.
