El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto a los ayuntamientos que se sumen a las investigaciones que ha iniciado para detectar viviendas turísticas sin licencia que se anuncian en plataformas de alquiler, una práctica fraudulenta y desleal que puede derivar en sanción.
El departamento recuerda que a comienzos de este mes puso en marcha una investigación contra dicho fraude y ahora se ha dirigido a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para ofrecer a las ciudades la posibilidad de trabajar de forma conjunta en la identificación de las viviendas no habilitadas para operar como turísticas.
Según indica Consumo, sus indagaciones "se podrían intensificar con la información que puedan aportar los ayuntamientos".
La Dirección General de Consumo recuerda que dispone de capacidad sancionadora desde el año 2022 y que va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes por unas prácticas que pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se podría sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
El ministerio señala a la FEMP en el escrito que le ha remitido el “importante impacto en el modelo de ciudad” que tienen las viviendas turística y “la necesaria colaboración que debe haber entre las distintas administraciones” para poder garantizar también que se cumplen los derechos de los consumidores y usuarios.
