La Plataforma contra los megacruceros ha denunciado que ni el acta de la última reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ni el borrador del plan estratégico a 10 años vista incluyen la moratoria de la llegada de cruceros al puerto de Palma.
"No sé si alguien nos está tomando el pelo o piensa que somos tontos", ha asegurado Jaume Garau, de Palma XXI, una de las cuarenta entidades que forma parte de la plataforma, sobre el hecho de que el acta de la última reunión de la APB "no contempla para nada la moratoria que teóricamente se ha aprobado".
Esa moratoria, solicitada por la plataforma desde hace dos años y que el Govern balear concretó pidiendo que no se hagan confirmaciones de amarre de cruceros en Palma a partir de 2022, tampoco figura en la planificación estratégica para la próxima década publicada por la APB para recibir aportaciones cuando, según Garau, "debería entrar en la organización del puerto y en un plan estratégico que se prevé a 3, 4 o 5 años vista".
Garau ha criticado que ese plan estratégico prevé que sigan aumentando los cruceristas, hasta 2 millones más en unos cinco años. Sobre esa suspensión de la contratación de amarres a partir de 2022, el portavoz de Palma XXI ha insistido en que: "Nadie nos ha asegurado todavía que eso será así".
La Plataforma contra los megacruceros registrará este lunes sus aportaciones a ese plan estratégico, del que denuncia que solo se ha hecho pública la mitad, empezando por reclamar que se constituya cuanto antes una comisión técnica de expertos para la evaluación de impacto "social, económico y medioambiental" de los cruceros "que debería ponerse en marcha ahora, para hacer una diagnóstico de la capacidad de carga del Puerto de Palma", ha reclamado Garau.
Ha recordado que la reivindicación de la plataforma es que se limite la llegada de cruceros a un barco diario o 4.000 personas como máximo, pero ha recalcado en relación con ese límite que "alguien debe decir si es correcto o no". Ha detallado que para este año, están programadas jornadas en las que coinciden a la vez hasta 6 megacruceros en Palma.
"Por eso pedimos una comisión de expertos independiente, en la que queremos estar y que en el plazo de un año este trabajo estuviera hecho, con datos completos", ha pedido Garau.
Reclaman esa medición de los impactos y propone que se aplique el sistema DECA (de las iniciales en inglés Domestic Emission Control Area) que ya se lleva a cabo en otros puertos europeos con medidas concretas y evaluables de control de emisiones de acuerdo con la legislación internacional, y que cada puerto sea proactivo en definir el numero de barcos que pueden atracar.
Proponen que los ingresos de la APB no se destinen a inversiones que promuevan el crecimiento, sino a cuestiones como establecer un control de emisiones y de calidad homologado internacionalmente, dotar instalaciones de eléctrica para que los barcos pequeños puedan cargar cuando estén amarrados y en hacer más accesible el puerto a la ciudadanía.
Piden además que sea la Conselleria de Medio Ambiente del Govern la que "controle todos los dispositivos que existen para poder evaluar si los barcos, sobre todo los megacruceros, cumplen los estándares que ellos dicen que cumplen".
La plataforma reclama también que las entidades ciudadanas tengan representación en algún órgano de la APB, para que "no pase como ahora, que dicen que aprueban una moratoria y el acta no recoge nada de eso". "Si estuviéramos allí no pasaría y las cosas funcionarían de otra manera", ha reivindicado Garau, que pide poder intervenir en el debate de las subvenciones al transporte marítimo y de la inspecciones medioambientales.EFE
